En Bolivia se hablan actualmente más de 30
lenguas indígenas, diversas por su filiación etnolingüística,
demografía y vitalidad (Albó 1995, Diez Astete y
Murillo 1998, Lema 1998, PROEIB Andes 2000). Podemos encontrar
lenguas con millones de hablantes (quechua y aimara) o con apenas
algunas decenas. En este último caso, puede tratarse de
pueblos indígenas con población reducida (araonas,
lecos), o de pueblos relativamente grandes pero con procesos avanzados
de desplazamiento lingüístico (itonamas, movimas).
Entre ambos polos se da toda una gama de situaciones de bilingüismo,
con variaciones incluso al interior de un mismo pueblo, ya sea
a nivel geográfico (regiones conservadoras vs. no conservadoras)
como a nivel etáreo (niños vs. viejos).
Esta situación responde, en gran medida,
a los procesos de colonización, tempranos o contemporáneos,
así como a reales políticas de exterminio físico
y cultural. Si bien el Imperio Incaico garantizó en alguna
medida el mantenimiento de la diversidad lingüística
-a través de una política de complementariedad-,
y en los primeros años de la colonización la Corona
Española promovió el uso de las lenguas indígenas
mayores (quechua y aymara) con fines de evangelización,
desde la segunda mitad del siglo XVIII se da un cambio radical
en la política cultural y lingüística imperial,
tendiendo al exterminio de las expresiones culturales propias,
entre ellas las lenguas (Cerrón-Palomino 1987, Mannheim
1989, Rivarola 1990, Itier 1995).
Las lenguas en el contexto legal actual
En respuesta a las demandas crecientes de diversos
sectores de la sociedad desde la recuperación de la democracia
en 1982, la última década del siglo pasado representa
un cambio respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas
y sus derechos, generando modificaciones desde la Constitución
Política del Estado (art. 1º y 171º en particular),
y un cuerpo legal innovador en relación a los pueblos indígenas
. Sin proponer una normativa explícita en relación
al estatus de las lenguas indígenas, las reformas legales
de ese período (1993-1997) les otorgan un reconocimiento
dentro de los derechos indígenas. De manera más
evidente, la Ley 1565 de Reforma Educativa (RE) (1994) sanciona
el uso sistemático de las tres lenguas indígenas
"mayores" de Bolivia -aymara, guaraní y quechua-,
y la normativa correspondiente presenta las alternativas para
poner esta decisión en práctica al menos en los
tres ciclos de la educación primaria.
La RE adopta la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) como política pública y sanciona, en la mencionada
ley, dos modalidades de lengua, según las cuales los hablantes
de algún idioma indígena aprenderán castellano
como segunda lengua, y los hispanohablantes tendrán la
posibilidad de aprender alguna lengua originaria (art. 9º).
El Decreto Supremo nº 23950 de organización curricular
establece que "el currículo nacional es además
bilingüe para todo el sistema educativo, comenzando a aplicarse
en la educacion primaria, para ir avanzando gradual y progresivamente
en todo el sistema" (art. 11) priorizando ámbitos
donde los niños tienen una lengua indígena por primera
lengua: "el currículo es bilingüe principalmente
en los distritos y núcleos en los cuales los educandos
hablan un idioma originario y requieren de una atención
educativa en una lengua distinta al castellano "(ibid.)
Este mismo artículo define la EIB de la RE
como de "preservación y desarrollo" , explicitando
que se trata de "el desarrollo del proceso educativo en ambas
lenguas; la lengua materna originaria y el castellano, una vez
que los educandos hayan desarrollado competencias de lectura y
escritura en ambas lenguas" (ibid.), a través de un
proceso gradual que parte del desarrollo de las competencias en
la primera lengua para luego transferirlas y desarrollarlas en
la segunda lengua, el castellano.
El artículo 30º del mismo Decreto señala,
como uno de los objetivos de la educación primaria,
fomentar el bilingüismo individual y social, incentivando
en los educandos cuya lengua materna es el castellano el aprendizaje
de una lengua nacional originaria como segundo idioma, garantizando
el derecho de los educandos hablantes de una lengua nacional orginaria
al conocimiento, uso y disfrute de su propio idioma, y asegurando
que todos los educandos del país posean un manejo apropiado
y eficiente del castellano como lengua de encuentro y diálogo
intercultural e interétnico.
La RE inició su implementación en
1994, y a la fecha se aplica la EIB hasta el tercer ciclo de la
educación primaria. Se cuenta con nueve módulos
de lenguaje y otro tanto de matemáticas en aImara, guaraní
y quechua; docentes formados en EIB; asesores pedagógicos
y bibliotecas de aula con textos en estas tres lenguas.
El marco de la investigación
Entre junio y julio de 2000, estudiantes del Instituto
Normal Superior del Oriente y Chaco Boliviano (INSPOCB) participaron
en una investigación-acción que involucró
a pobladores de dos comunidades guaraníes. Los objetivos
de la investigación fueron dos. Por un lado, y ante la
aplicación dogmática de la propuesta de uso de lenguas
de la RE por parte de los maestros, se buscó contribuir
a su diversificación, respondiendo de manera más
adecuada a las diferentes realidades sociolingüísticas
del territorio guaraní. Por otro lado, en la perspectiva
de contribuir a la formación de los futuros maestros guaraníes
y chiquitanos del grupo involucrado, se buscó dotarlos
de herramientas para la construcción de alternativas sobre
la base de la propuesta de la RE, la realidad sociolingüística
y las expectativas comunales y de la organización indígena.
El pueblo guaraní boliviano -el "más
grande de los chicos"- cuenta con una población de
alrededor de 90,000 personas (Albó 1995). A diferencia
de los pueblos aImaras y quechuas, la identificación de
los guaraníes es claramente étnica (ser guaraní)
y no responde a los criterios político-administrativos
de cantón, provincia, departamento o región, más
usual en los casos aImara y quechua . En términos organizativos,
mientras aymaras y quechuas han seguido, hasta hace muy poco,
sólo criterios de clase y sindicales -de donde los sindicatos,
centrales y federaciones de campesinos-, los guaraníes
se organizaron desde el principio sobre la base de las reconstruídas
zonas y capitanías con un criterio claramente étnico:
la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). La APG levanta, desde
sus inicios, cinco reivindicaciones centrales: Producción,
Infraestructura, Salud, Educación y Territorio. Y la reivindicación
por una mejor educación tiene que ver con el uso de la
propia lengua y la incorporación de la cosmovisión
guaraní, en una propuesta de EIB. Las acciones de la APG
en el ámbito educativo son diversas y de gran envergadura
(D'Emilio 1993, PROCESO 1994, López 1996), lo que explica
que el tema de la lengua sea una preocupación que trasciende
el ámbito de las dirigencias, y que la población
en general conozca de bilingüismo, EIB, etc. La APG cuenta
con un "brazo educativo", el Mboarakuá Guasu,
consejo educativo con reconocimiento legal.
Las comunidades involucradas en la investigación
-Itanambikua y Güirarapo- son sociolingüísticamente
distintas. La primera, muy cercana a un núcleo urbano relativamente
grande (Camiri), es muy conservadora en relación al idioma,
y los niños tienen al guaraní como primera lengua
y lengua de uso predominante. La segunda, algo más alejada,
tiene presencia de colonos hispanohablantes, y es probable que
al menos la mitad de los niños tengan al castellano como
primera lengua, y algunos como única lengua.
En diferentes momentos de la investigación
se llevaron a cabo visitas de observación a la comunidad,
asambleas comunales y entrevistas a comunarios y maestros de la
comunidad. Hacia el final de la investigación, las comunidades
expresaron su percepción de la oferta educativa de la RE,
en relación a sus expectativas y necesidades como pueblo
indígena. Sus críticas y propuestas ponen en evidencia
una gran sensibilidad hacia el tema lingüístico, y
la necesidad de que maestros y autoridades educativas de diferentes
niveles reconozcan como interlocutores válidos a los "beneficiarios"
de la RE para la ejecución de propuestas más adecuadas
al escenario guaraní.
Las críticas a la oferta de uso de lenguas
de la RE
Los comunarios señalaron debilidades tanto
en la modalidad bilingüe como en la modalidad monolingüe.
Las críticas a la modalidad bilingüe -lengua indígena
y castellano como L2, dirigida a poblaciones de habla vernácula-
respondieron a dos perspectivas distintas. Por un lado, desde
la perspectiva de corto plazo de responder adecuadamente a la
diversidad, se insistió en la necesidad de matizar la oferta
reconociendo los distintos grados y tipos de bilingüismo
de los niños guaraníes, ya que no se trata, en todos
los casos, de niños monolingües en lengua indígena.
Por otro lado, desde una perspectiva de mediano
y largo plazo, las críticas se centraron en el riesgo de
que un mejor aprendizaje del castellano, producto de una EIB de
calidad, favorezca el desplazamiento de la lengua indígena.
En síntesis, los comunarios se preguntaban cómo
garantizar que, para los hijos de los niños y jóvenes
de esta generación -bilingües más eficientes
por efectos de la EIB-, el guaraní siga siendo la L1, y
no se vuelva la L2 de la siguiente generación o, peor aún,
quede solamente como "lengua de los viejos".
Los comunarios sugirieron diversas actividades que
las propias comunidades podrían llevar a cabo para reducir
el riesgo de desplazamiento. Pero señalaron también
temas que los técnicos de la RE, y en particular los del
área de castellano como L2 deberían tomar en cuenta.
El primero tiene que ver con la necesidad de analizar con cuidado,
y eventualmente limitar, los ámbitos de uso que se incluye
en la enseñanza de castellano como L2 . En particular,
se señaló el riesgo de enseñar castellano
para fines "domésticos", a través de juegos
de roles como "la casita", "la familia", etc.,
ya que esto podría introducir en los niños la idea
de que el castellano puede ser también una lengua de uso
familiar -idea que no corresponde con el ñande reko (modo
de ser) guaraní aún predominante.
Además de considerar los ámbitos de
uso, los comunarios también tomaron en cuenta a los hablantes
(enseñantes, en este caso) modelos de uso. El segundo tema
discutido que se debería tomar en consideración,
fue el hecho de que sean los propios docentes guaraníes
quienes enseñen castellano como L2. La regla social que
define el cambio de lengua al castellano en el territorio guaraní,
es la presencia de un hispanohablante monolingüe. Al tener
como interlocutores de castellano a docentes guaraníes,
en muchos casos parientes más o menos lejanos de los niños,
se podría estar introduciendo la idea de que es indiferente
la lengua que se utiliza para relacionarse como un interlocutor
guaraní, y que ésta bien puede ser el castellano.
De manera más general y desde una mirada
más política, se señaló como debilidad
de la modalidad bilingüe el hecho de que sea unidireccional,
y que no contemple la posibilidad de enseñar las lenguas
indígenas como L2, pero con la misma profundidad y usos
(comunicativos y académicos) que el castellano como L2.
Esto se consideró como una carencia importante para el
caso de comunidades y pueblos donde la lengua indígena
está en proceso de desplazamiento, ya que es urgente tomar
medidas, también a través de la escuela, para la
reversión del proceso de pérdida de la lengua ancestral.
Si en el caso anterior, de castellano como L2, se señaló
la necesidad de restringir su enseñanza para fines domésticos,
en el caso de la enseñanza del guaraní como L2 se
vio la importancia de incidir precisamente en el ámbito
doméstico y todos aquellos que fueran gravitantes para
la transmisión intergeneracional de la lengua.
También desde una perspectiva más
política, se señaló como una debilidad la
existencia misma de la modalidad monolingüe, en el sentido
de que sólo los niños hablantes de una lengua indígena
se volverán bilingües al termino de su escolaridad,
mientras que los niños hispanohablantes, en el mejor de
los casos, tendrán algún conocimiento de alguna
lengua indígena . Los comunarios consideraron que los niños
hispano hablantes deberían aprender la lengua indígena
de su entorno, sobre todo si se trata de escuelas ubicadas en
territorios indígenas.
Como se puede ver a través de estos ejemplos,
los padres de familia guaraníes son conscientes de las
debilidades de la propuesta de uso de lenguas de la RE, en términos
de su proyecto político como pueblo indígena. Si
para la RE es importante tomar en cuenta la lengua con que inician
los niños su escolaridad, y en función de ella adoptar
la modalidad bilingüe o monolingüe, para los comunarios
guaraníes y la APG, todos los niños guaraníes
deberían recibir EIB, con castellano o con guaraní
como L2, pero igualmente bilingüe. Es más, y en la
perspectiva de la construcción de sociedades más
respetuosas de la diversidad y de democracias realmente representativas
y plurales, los comunarios guaraníes y su organización
representativa son claramente partidarios del bilingüismo
de doble vía.
Las percepciones y alternativas de los comunarios
y organizaciones indígenas, en el tema de las políticas
lingüísticas en la educación, trascienden el
corto plazo y lo estrictamente material. Se basan en una visión
política y respetuosa de la diversidad, y de ser tomadas
en cuenta, podrían evitarle a la RE errores de tiempo y
dinero y, sobre todo, acciones con efectos perjudiciales en los
niños. Es necesario, por ello, que la propia RE deje de
considerar a los pueblos indígenas como simples "beneficiarios"
de políticas y planes educativos, y los incorpore como
interlocutores y coejecutores de una verdadera Reforma.
Desde el lado indígena son necesarios
también algunos cambios. En primer lugar, es necesario
retomar la iniciativa respecto al reconocimiento y cumplimiento
de los derechos indígenas, culturales y lingüísticos
en partgicular, con la fuerza y creatividad de décadas
anteriores. La práctica de los últimos años
ha limitado a los Consejos Educativos Indígenas a ser meros
supervisores de la ejecución de la RE, antes que interpeladores
a nivel político. En segundo lugar, y quizás más
importante, es recuperar la dinámica interna de discusión
a nivel comunal y zonal, para construir colectivamente políticas
lingüísticas desde los pueblos indígenas que
respondan adecuadamente, no sólo a las consideraciones
pedagógicas, sino y sobre todo, a los proyectos políticos
de estos pueblos. Si las políticas lingüísticas
de Bolivia se han caracterizado por ser impuestas desde los niveles
centrales y tender al exterminio de las lenguas indígenas,
quizás sea ya el momento de responder con políticas
lingüísticas "desde abajo", construídas
por los diferentes pueblos que conmponen Bolivia que serán,
por seguro, más respetuosas de la diversidad y por ello,
una mejor garantía de la convivencia democrática.
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